Organizaciones civiles alertaron que la neutralidad de Internet en México está en riesgo por el anteproyecto de Lineamientos de Gestión de Tráfico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que está a consulta a pública hasta el 6 de marzo.
El anteproyecto faculta a los proveedores de acceso a internet o PAI (empresas como Telmex, AT&T, Movistar y más) a dar un trato preferencial a socios con acuerdos comerciales. Esto los convierte en una especie “cadeneros” de internet. El IFT tiene la obligación de proteger la neutralidad de la red, de modo que los PAI no bloqueen, perjudiquen ni favorezcan aplicaciones, contenidos o servicios por origen, destino o tipo de datos.
La neutralidad, el principio que pide un trato igualitario a todo el tráfico en línea, está bajo “amenaza” porque las normas beneficiarían a unos cuantos Proveedores de Acceso a Internet (PAI), señaló Luis Fernando García, Director Ejecutivo de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), a la agencia EFE.
“Algunas disposiciones que contienen los lineamientos facilitan o abren la puerta a que autoridades puedan ordenar el bloqueo de aplicaciones, contenidos y servicios en internet a petición expresa de autoridades o por situaciones de emergencia o seguridad nacional. Esto abre la puerta a la censura”, explicó García.
En lugar de un beneficio para los usuarios, las normas propuestas permitirían que los proveedores realicen acuerdos comerciales para darle un trato preferencial al tráfico de aplicaciones, contenidos y servicios, incluyendo sus propios productos, lo que implica favoritismos, argumentó García.
Para los usuarios, aclaró, esto podría traducirse en un costo más elevado, un mayor uso de datos o velocidades diferentes de descarga para el uso de ciertas aplicaciones o el acceso a ciertas páginas, a discreción de las empresas.
Aunque el razonamiento para justificar las nuevas normas “no es claro”, García consideró que el IFT “le hace juego” a los argumentos de empresas de telecomunicaciones que alegan que con las nuevas ganancias podrían invertir en el desarrollo de infraestructura.
No obstante, los lineamientos inhibirían la competencia y la innovación al poner en desventaja a nuevos jugadores del mercado o a empresas emergentes, conocidas como “startups”, que desarrollen aplicaciones.
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