Si bien Europa en conjunto renunció a regular este impuesto a nivel comunitario, el recorrido de la implantación de “tasa Google” en España ha sufrido demasiadas contradicciones para alcanzar su implantación dentro de sus competencias en materia fiscal, como ya lo había hecho Francia que a pesar de ser aprobado, ha aplazado su recaudación, tras que Estados Unidos reaccionara con la puesta en marcha de aranceles agresivos para contrarrestar el impacto que ese impuesto tendría sobre su economía.
En España también se dio luz verde a la implantación del impuesto sobre actividades digitales (llamada “tasa Google”), que grava la actividad de las grandes empresas tecnológicas de intermediación (generan valor con los datos de los usuarios) o sea, dirigido a los gigantes tecnológicos multinacionales de internet —y no pensado para pymes o startups—, con la que espera recaudar unos € 750 millones al año y superiores a los € 3 millones en España.
Este tributo planteaba un impuesto del 3% sobre los servicios de publicidad online, los servicios de intermediación online y la venta de datos generados a partir de la información de los usuarios que, según el Gobierno, los gigantes tecnológicos escapan al actual marco fiscal y no pagan todo lo que deberían por lo que facturan.
Pero, ante la presión de EE UU, que ha amenazado con aranceles a los países que graven a sus tecnológicas, aplaza el cobro a final de año, mientras la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ue estudia cómo cambiar las reglas fiscales internacionales ante la globalización y el auge de la economía digital, prevé tener lista su propuesta. “No se trata de una suspensión del impuesto, sino simplemente de una liquidación a final de año”, dijo la Ministra de Economía y Empresa de España.
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