La declaración como servicio público de la TV paga y el acceso a Internet, entre otros servicios, establecido por el Gobierno argentino a través del DNU 690/20 de “ninguna manera garantiza la equidad en el acceso y ejercicio de los derechos digitales y de la libertad de expresión”, señala la solicitada de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC).
“Un cambio radical y unilateral en las reglas de juego del sector, en el cual el Estado interviene de manera coactiva en la operación de las empresas que brindan los servicios TIC, afecta la seguridad jurídica y pone un freno a su desarrollo. Lo cual resulta a contramano de la legislación regional y mundial, y al restringir las decisiones de las empresas, perjudican la calidad y expansión de los servicios, y a los clientes que se comunican e informan por ellos”, expresa el comunicado.
Según el comunicado, además de frenar el empuje de uno de los sectores tecnológicos más dinámicos de la economía argentina, “se agrandarán las enormes asimetrías competitivas que ya existen con las plataformas de distribución de contenidos totalmente extranjeras, que no producen contenidos locales, que no realizan inversiones en infraestructura, no pagan impuestos ni tasas regulatorias, ni tampoco están radicadas en el país”.
“Se necesitan inversiones millonarias de largo plazo para llevar las más modernas tecnologías de información y comunicación a todos los usuarios y seguir desplegando las redes. Venimos haciendo todo tipo de aportes para que se extienda el servicio a zonas remotas o vulnerables. En el actual contexto de pandemia también hemos acompañado a nuestros clientes y trabajadores, y hemos dado respuesta a las solicitudes de las autoridades de todos los niveles y jurisdicciones”, indicó la asociación.
En los últimos 50 años, en base a la iniciativa privada, Argentina cuenta con más de 700 las empresas licenciatarias proveedoras de servicios que, mediante redes fijas y satelitales, brindan TV paga más de 9,1 millones de hogares y accesos a Internet a 7,5 millones de familias y, además, cuentan con 600 canales locales y regionales. En este sentido, ATVC manifestó su preocupación ya que “el DNU de manera directa o indirecta también está regulando y controlando la expresión de estos medios”. También declararon que “en ningún país del mundo se regula como servicio público a la TV paga”.
Cabe aclarar que la TV paga inicialmente era servicio de comunicación audiovisual por la Ley 26.522/2009, pero esto fue modificado por el DNU 267/2015 y pasó a ser considerada un servicio TIC. Sin embargo, la declaración de servicio público no resuelve la problemática que surge de equiparar servicios de comunicación audiovisual con telecomunicaciones. Esto implica replantear y debatir en profundidad un abanico más amplio de políticas con incidencia en el modo en que se producen, distribuyen y consumen los bienes culturales.
Volviendo al comunicado, por último, ATVC solicita que el DNU 690/20 sea revisado, ya que “de ello depende la viabilidad de muchas empresas y de un sinfín de emprendedores que día a día –y más, en las actuales condiciones de distanciamiento social– vuelcan sus proyectos y su creatividad al entorno digital”.
© Plataformas.News 2020
