El Gobierno argentino extendió nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020 la prohibición de interrumpir por falta de pago la prestación de servicios públicos, que había sido establecida mediante el decreto 311/20 de marzo pasado en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus.
En medio de un contexto tenso entre parte de la industria y el Gobierno, la nueva medida también amplía la morosidad de seis a siete la cantidad de facturas que pueden tener los usuarios de Internet, TV paga, telefonía fija o móvil, como otros servicios públicos. Del mismo modo, se extiende también hasta fin de año la obligación de estas empresas de mantener un servicio reducido en caso de falta de pago.
El decreto del Gobierno nacional obliga a las empresas prestatarias del servicio de telefonía móvil, internet y cablea brindar una opción reducida en caso de que no se haya completado el pago pero se mantiene la prohibición de producir el corte total del servicio.
En el decreto se establece que se busca "garantizar –en el marco de esta emergencia– el acceso a esos servicios, los que constituyen medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales, tales como a la salud, a la educación o la alimentación”.
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