La Asociación Bonaerense de Televisión (ABT), la Asociación Santafesina de Televisión por Cable (ASTC), la Asociación Cordobesa de Radiodifusión por Cable (ACORCA), la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones (AET), la Asociación Pampeana de Cables (APCCCTV) y la Asociación Misionera de Circuitos Cerrados de Televisión (AMCCTV) se manifestaron en forma conjunta que el DNU 690/2020, emitido por el gobierno argentino, “está lejos de garantizar los derechos de los ciudadanos argentinos en materia de información, entretenimiento y acceso a internet”.
Para estas asociaciones, por el contario, esta norma agrega incertidumbre a un contexto donde los operadores están haciendo considerables esfuerzos por acompañar a los clientes, sostener la calidad de los servicios y cuidar a los trabajadores, operando en mercados altamente competitivos y tecnológicos. “Entendemos que el resultado de un exceso regulatorio como este, será negativo para los intereses de los abonados a los cuales nuestra industria les brinda servicios desde hace más de 50 años. Los usuarios saben, por experiencia, que servicios públicos con tarifas congeladas, lejos de fomentar la inclusión y alivio económico, significan una degradación de las prestaciones recibidas”, señalan en el comunicado de las gremiales que integran unas 700 empresas PyMEs de capitales nacionales, distribuidas por todas las provincias del país.
“La norma publicada, salteando facultades del Congreso, produce serias limitaciones al manejo de nuestras empresas y la vemos como una grave afectación al marco regulatorio que nos rige y a nuestra seguridad jurídica. Peor aún, van a favorecer a nuestros competidores que brindan servicios desde el extranjero mediante plataformas de contenidos que ingresan libremente al país y hacen usufructo gratuito de nuestras redes. No se les exige nada: no pagan impuestos, no emplean trabajadores, no rinden cuentas a los defensores de los consumidores y no se ven sujetas a la ley de defensa de la competencia”, exclamaron las asociaciones.
Sin embargo, las empresas tomarán el mismo compromiso que llevaban adelante en acelerar la inclusión digital, aunque están en total desacuerdo con la norma. “La brecha digital se cierra con más inversión y complementariedad, que coadyuven a extender las redes e incrementar la oferta de servicios”, agregaron.
Pero para eso coincidieron que necesitan crédito a tasas razonables para mantener actualizada la infraestructura, que se alivie la pesada carga impositiva que soportan sus empresas dándole destino a nuevos desarrollos, que sus aportes al Fondo del Servicio Universal lleguen más rápido a zonas vulnerables o que no son rentables para nuestra operación.
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