El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina sigue recibiendo críticas por la reciente reglamentación del DNU 690, que dictó el presidente Alberto Fernández en agosto pasado, que estableció la telefonía celular, Internet y la TV por cable como “servicios públicos esenciales en competencia”, para dar una cobertura a toda la población, en el marco de la pandemia de coronavirus.
Ante las limitaciones de aumentos de los servicios entre el 5% y 8%, luego de un largo congelamiento de precios, y la implementación de una Prestación Básica Universal (PBU) para los sectores más vulnerables a partir del 1 de enero, el regulador encabezado por Claudio Ambrosini sigue recibiendo reveses de la industria TIC, en este caso de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y la Cámara Argentina de Internet (CABASE).
"El reciente anuncio de la entrada en vigencia, a partir del 1 de enero próximo, de las limitaciones impuestas a los aumentos de los precios y de un “plan básico universal obligatorio”, representan una intervención directa y coactiva por parte del Estado, y un peligroso avance sobre la libertad de expresión”, expresó un comunicado de ATVC. “Tal como advertimos oportunamente, la sanción del DNU 690/2020 representa un cambio drástico y unilateral en las reglas del juego del sector, que solo favorece a las plataformas de distribución de contenidos totalmente extranjeras”, agregaron.
Sin embargo, la asociación enfatizó que esta reglamentación y “nueva imposición, pone en peligro no solo el desarrollo, sino la subsistencia de uno de los sectores más competitivos del país”. “Esta regulación, lejos de representar un beneficio real para los hogares, provocará un freno a las inversiones, así como una limitación de aquellos espacios de expresión comunitaria que nuestra cobertura ha permitido construir”, agregaron en el comunicado.
“La pandemia ha generado un impacto económico y financiero que las empresas debieron absorber para hacer frente a la emergencia. En un contexto de profundas bajas en la recaudación, ventas e instalaciones a nuevos hogares, con costos de implementación en alza constante, está en serio riesgo la sustentabilidad del sector durante 2021”, concluyó el comunicado de ATVC.
Por su parte, CABASE ha solicitado formalmente en una reunión mantenida con el directorio del ENACOM “la inmediata suspensión de la aplicación de las medidas anunciadas el viernes hasta tanto se realice un pormenorizado análisis del devastador impacto que tendrán en el ecosistema de pequeños y medianos proveedores de internet”.
“El desconocimiento hace que las decisiones tomadas sean la garantía de un resultado diametralmente opuesto al buscado con las medidas, ya que este camino solo lleva a la desaparición de los pequeños y medianos proveedores de internet, una menor competencia, mayores costos para el usuario, obsolescencia de las redes, degradación de la calidad de servicio y una menor penetración de la conectividad en el país”, alertaron desde la cámara de internet.
Desde CABASE comparten la intención manifestada por las autoridades, de promover el desarrollo de un servicio en competencia, pero consideran que las medidas tomadas no ayudan, más bien son un paso en la dirección contraria, lo que configura una contradicción entre la intención y los hechos.
“Habida cuenta que la regulación impuesta de manera inconsulta y a espaldas de las más de 1.200 PyMEs y cooperativas que proveen servicios TIC en Argentina obliga a los asociados a la Cámara a comercializar sus servicios muy por debajo de sus costos de operación”, señalaron desde la gremial, mientras analizan caminos “administrativos y judiciales para evitar la destrucción de una industria que en su relativamente corta vida ha demostrado con creces su capacidad de innovar, desarrollarse y llegar a cubrir con servicios al 64% de los hogares de argentina, a pura inversión privada”.
© Plataformas.News 2020