El gobierno uruguayo acordó con la empresa Multicanal SA, dueña del servicio de televisión para abonados llamado Multiseñal, un acuerdo transaccional por el que le pagará USD 2,5 millones y así evitará un presunto juicio, con el que amenazaba la compañía, a pesar de tener a su favor informes de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel).
El pago de esta transacción fue analizado por el Tribunal de Cuentas y resultó, en una votación dividida entre los ministros del organismo, en que no se harán observaciones. Tras ello, en última instancia, Presidencia habilitará el pago y Multiseñal, además de comprometerse a no iniciar un juicio contra el Estado, deberá dejar de usar la banda de frecuencia que le fue asignada para emitir su señal de televisión, que es por antena.
El diferendo entre la empresa y el Estado uruguayo se remonta a 2011, cuando el gobierno, que adecuaba la política nacional de telecomunicaciones a las nuevas tecnologías, exhortó a las empresas de televisión para abonados que usaban frecuencias en la banda de 2500 a 2690 MHz, para transmitir por el sistema de antenas, a que cambiaran de frecuencia. Más recientemente se determinó que esa banda de frecuencia será utilizada para internet 5G, banda de frecuencia ganada por Telefónica y Antel en 2019.
A pesar de que las empresas de televisión para abonados habían sido exhortadas a retirarse de ese espectro radioeléctrico en 2013, Multiseñal continúa utilizando la frecuencia argumentando, entre otros factores, que es necesario hacer una inversión de alto costo para adquirir la nueva infraestructura. En este contexto, tras lanzarse la subasta, la empresa presentó un recurso de revocación ante la Ursec, en el que señala que la nueva situación genera interferencias en su señal.
Mediante un informe técnico, la Ursec rechazó este recurso de revocación porque entendía que, en caso de generarse interferencias, no podía entenderse que el Estado o los ganadores de la subasta fueran los responsables, por tanto no se hizo lugar al reclamo. En la misma línea se pronunció la asesoría jurídica de Dinatel, que en un informe argumentó que la empresa no tenía razón en su reclamo sobre las presuntas interferencias.
Sin embargo, el gobierno decidió iniciar una negociación con la empresa para arribar a un acuerdo transaccional y la empresa, a cambio, deberá liberar en un plazo no mayor a cinco meses la frecuencia que utiliza y renunciar a todas sus autorizaciones y derechos de uso de espectro para abonados.
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