En conferencia de prensa virtual, el Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), junto con representantes de diversas asociaciones de usuarios y consumidores, anunciaron que el regulador realizará una presentación extraordinaria federal ante la Corte Suprema de Justicia para garantizar el pleno acatamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que determina el carácter de servicios públicos esenciales en competencia a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable.
ENACOM explicó los pasos a seguir a partir del vencimiento del plazo estipulado para que el Organismo realice su descargo ante la cautelar presentada en el Poder Judicial por la empresa Telecom Argentina, en la cual solicita se declare inconstitucional el DNU 690.
Durante la exposición, Claudio Ambrosini, presidente de ENACOM, sostuvo que “la preocupación del Gobierno nacional es garantizar a todos los habitantes, fundamentalmente a los que menos tienen, servicios de calidad. Con la pandemia, el Gobierno puso la lupa sobre la conectividad y su necesidad como servicio público esencial en competencia”.
“Cuando llegamos al Gobierno quisimos privilegiar a los sectores más necesitados; por ello establecimos, a través del 690, que los servicios TIC debían tener un precio lógico y previsible para llegar a todos los habitantes del país que utilizan gran parte de sus ingresos en afrontar precios en conectividad que no son accesibles para sus bolsillos. Y por ello creamos la Prestación Básica Universal, para poder atender sus necesidades. Estamos en una instancia de cautelar que habilita a los usuarios de una compañía a pagar servicios más caros; queremos que todas las asociaciones conozcan nuestra estrategia, que aporten sus ideas para acompañarnos”, describió el funcionario.
A su turno, Gustavo López, Vicepresidente del regulador, aseguró que el DNU generó instrumentos para que todos y todas puedan acceder a la conectividad en condiciones de igualdad. “Es imprescindible el derecho a estar conectados. Todos los Estados dicen que estudiemos y trabajemos desde casa, pero la Sala II dice que lo hagamos siempre y cuando podamos pagarlo. El fallo no habla del ciudadano en ningún punto, por eso están acá las asociaciones. Hay un derecho especial de usuarios y consumidores, y obligaciones especiales de las empresas hacia ellos. En el fallo no hay ninguna mención a esta situación, como si no formaran parte del asunto”.
Por su parte, Diego Leiva, el director nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones, explicó las cuestiones técnicas del fallo cautelar y los pasos a seguir. En tal sentido, adelantó que el viernes 14 de mayo ENACOM presentará un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia, con los argumentos legales para hacer valer la legalidad y vigencia del DNU 690. Entre ellos, que la situación planteada transciende el interés de las partes e interviene sobre el DNU, que tiene carácter de ley, y afecta un servicio necesario para todas y todos los ciudadanos; que el fallo no se fundamenta en las pruebas, sino en un supuesto perjuicio económico basado en los dichos del accionante, para lo cual el Ente presentó los balances de las empresas acreditando que el 690 no implica perjuicio económico para ellas, y principalmente, la afectación de la implementación de la PBU, que es un nuevo derecho consagrado para dar respuesta a los sectores más vulnerables, interfiriendo en la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo de fijar las políticas a implementarse.
Luego, los exponentes por parte de las asociaciones explicaron y detallaron cómo se debe continuar respecto a la situación actual, teniendo en cuenta las acciones colectivas para acompañar la decisión de ENACOM y dar respuesta urgente a las necesidades y los derechos vulnerados de los usuarios y usuarias de los servicios TIC.
En la presentación online también participaron los directores de ENACOM Gonzalo Quilodrán y Alejandro Gigena; la directora María Florencia Pacheco; el jefe de Gabinete del Ente, Ariel Martínez; el director general de Asuntos Jurídicos y Regulatorios, Diego Leiva, el director nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones, Javier Forlenza, y los 27 delegados y delegadas provinciales del Organismo. Asimismo, participaron Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública; y Martín Olmos, subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Ante esta situación, es importante aclarar que cuando Telecom se presentó ante la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, donde obtuvo un fallo favorable dividido, no hizo mención alguna a la cautelar vigente previamente detallada, incurriendo en lo que, de acuerdo con el artículo 182 del Código Penal, se conoce como fraude procesal, ocultando información fundamental para que el juez competente pueda tomar una decisión con todos los elementos de relevancia jurídica.
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