El Tribunal del Centro Internacional de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) ordenó a América Móvil pagar USD 2,2 millones al estado de Colombia, por los gastos de representación legal que destinó el país tras la demanda la demanda impuesta por la empresa de telecomunicaciones por a violaciones al Tratado de Libre Comercio con México.
El Tribunal confirmó que no había lugar al derecho a la no reversión de activos, respetando así lo estipulado en la sentencia C-555 de 2013 de la Corte Constitucional. El tribunal, además, encontró “que no se trató de un derecho con existencia en el derecho interno que pudiese gozar de protección bajo el derecho internacional, por lo que no puede hablarse de una expropiación”.
“El tribunal del CIADI sostuvo que ciertas medidas adoptadas por Colombia en relación a las concesiones que su subsidiaria Comunicación Celular (Comcel) terminó en 2013 no representaron una expropiación de las inversiones de América Móvil en Comcel en violación del TLC”, mencionó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La compañía del empresario mexicano Carlos Slim también dijo que está analizando las posibilidades legales para apelar la decisión del tribunal, “incluyendo la solicitud de su posible anulación ante la corte federal de Distrito de Columbia”.
En agosto 2016, después de haberlo advertido durante cinco meses, América Móvil presentó una solicitud de arbitraje contra Colombia ante el CIADI en Washington, Estados Unidos, porque según la empresa el estado violó las obligaciones del Tratado de Libre Comercio con México por favorecer a otras compañías sobre Claro, la subsidiaria de América Móvil en el país sudamericano.
El gigante de telecomunicaciones acusó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia de ser “inconsistente con la sentencia C-555 de la Corte Constitucional que ordena excluir de la revisión los activos voluntariamente por Comcel, Occel y Celcaribe”.
Esto después de que el MinTIC solicitara la revisión total de los activos afectados por los contratos de concesión e iniciara un proceso de arbitraje doméstico ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
En ese momento, América Móvil externó que el estado colombiano tenía la obligación de otorgar a las inversiones de la empresa mexicana un tratamiento justo y equitativo, y decidió tomar acciones legales.
La empresa de telecomunicaciones exigía una indemnización equivalente al valor justo de mercado que tendría la inversión en el momento de la expropiación, más los intereses correspondientes.
Pero a poco más de tres años de haber iniciado el proceso, el tribunal del CIADI apeló a favor de Colombia. “Para el tribunal internacional este caso ya fue resuelto por un tribunal colombiano, por lo que se no se puede resolver de nuevo”, señala el documento.
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